Continuando con nuestra investigación sobre el problema que afecta a 48 familias de Chiñigüe Santa Victoria, Melipilla, ante la prohibición de acceder a un bien nacional de uso público, como lo es la Ribera del Río Maipo y Mapocho cuyo pronunciamiento por parte de la Intendencia Metropolitana está pendiente desde el 19 de diciembre 2019, siendo hasta la fecha imposible conocer la posición de su máxima autoridad, Felipe Guevara Stephens, el Portal de Melipilla se entrevistó con Francisca Silva Muñoz, activista ambiental y abogada de la Unión Comunal Alonso de Ercilla de El Monte, quien asesora a los vecinos de las provincias de Melipilla y Talagante para destrabar este bullado tema, como también, la extracción indiscriminada de áridos.
De acuerdo a lo señalado por la profesional, desde 1857 la legislación chilena, específicamente, el Código Civil, reconoce las playas de mar, ríos y lagos como bienes nacionales de uso público, cuyo disfrute debiera pertenecer a toda la nación. Esta calidad, se reforzó en 1977 con la dictación del Decreto Ley 1939, el cual impone a los propietarios de inmuebles colindantes a las playas de mar, ríos o lagos la obligatoriedad de permitir el acceso gratuito de los chilenos con fines recreativos, turísticos y de pesca, siendo el Misterio de Bienes Nacionales el encargado de fiscalizar su cumplimiento, debiendo presentar las denuncias ante la SEREMI correspondiente, según la región en la que se presente el hecho.
“Es muy importante que todos seamos protagonistas en la protección del libre acceso a estos bienes, pudiendo ingresar las denuncias incluso vía online, al link http://playas.mbienes.cl/index.php/haz-tu-denuncia/ o, presencialmente, en la SEREMI de BBNN de la región correspondiente. Una vez ingresada la denuncia, ésta debe fiscalizar, pudiendo aplicar multas entre los 500 mil y cinco millones de pesos si constata el impedimento de acceso, para luego derivar los antecedentes a la Intendencia y ante quien realiza la determinación de acceso al camino, con el objetivo de buscar un acuerdo, en lo posible, con el o los propietarios del predio”.
¿Hay otros casos como el de Chiñigüe Santa Victoria en la Provincia de Talagante?
“Sí, en El Monte hasta la fecha se han ingresado dos denuncias por cierre de acceso, existiendo, sin duda, muchas situaciones que aún no han sido formalizadas, ya que es muy común, por desconocimiento y desconfianza también, que los propietarios de predios ribereños cerquen todo e impidan el libre acceso al río”.
¿Muchas veces los privados se niegan a dar permisos por la extracción indiscriminada de áridos, esto está o no regulado en la zona?
“Efectivamente, en El Paico Alto tenemos una empresa de extracción de áridos instalada en un predio ribereño cuyo dueño, Agustín Mozo Vio, niega el acceso a toda persona. Situación similar ocurre en Talagante, donde Luis Tamayo Medina, le dispara a las personas que circulan cerca de su planta de extracción de áridos.
Cabe destacar que a fines de enero solicitamos a la Municipalidad de El Monte terminar la extracción de áridos y la protección de los cerros respecto de la creciente sobreexplotación que sufren actualmente los monocultivos, ocasión en la cual el alcalde, Francisco Gómez Ramírez, se comprometió expresamente a prohibir la actividad extractiva, mediante la dictación de una ordenanza medioambiental que elaborará con plena participación de la ciudadanía.
Lo preocupante, es la total falta de fiscalización efectiva, ya que no existen medidas de pesaje del material extraído, control de polución ni transporte de material. Todo esto sumado al grave daño a la flora, fauna y biodiversidad que esta actividad, carente de regulación legal, provoca totalmente al arbitrio de las municipalidades en su calidad de administradoras de los bienes nacionales de uso público dentro de la comuna”.
¿Cuál es el impacto ambiental que tiene la extracción indiscriminada de áridos?
“Entre las principales consecuencias se encuentra la polución ambiental, ocasionada por el levantamiento de partículas que se esparcen por el aire alcanzando un amplio radio, las cuales son absorbidas por toda la comunidad.
La destrucción de la flora y fauna del río; alteraciones de los cauces de río, pudiendo generar desbordes del mismo; el aumento del arrastre de sedimentos, lo que ocasiona el debilitamiento de las bases de puentes y otras estructuras como ocurrió bajo el Puente San Francisco de El Monte, donde la Dirección de Obras Hidráulicas -DOH- debió destruir toda la biodiversidad existente en la caja del río, para reencausarlo y contener las bases del acueducto, principal acceso a la comuna. Trabajos que a la fecha aún no terminan”.
¿Qué dice la Ley referente a esto y cómo discierne entre un bien de uso público y un negocio de extracción de áridos?
“Lamentablemente, la extracción de áridos no posee una regulación legal específica, su autorización depende en principio del municipio, sin perjuicio de requerir, adicionalmente, otras autorizaciones técnicas a organismos específicos como la DOH o el Servicio de Evaluación Ambiental referidas a aspectos medioambientales.
En síntesis, es el municipio, a través de una ordenanza, el encargado de regular la actividad, fiscalizar el cumplimiento de la norma y aplicar sanciones, sin perjuicio de existir la Superintendencia de Medio Ambiente, a propósito de la destrucción de flora y fauna; y la Dirección General de Aguas -DGA- ante eventuales desvíos de cauces (muy necesaria para el procesamiento del árido), entre otros.
Finalmente, ¿qué deben hacer los vecinos de Chiñigüe Santa Victoria ante la nula respuesta por parte de las autoridades?
“Seguir exigiendo sus derechos por medio del ejercicio de la Ley de Transparencia, ingresando solicitudes sobre los avances del proceso (ya que los organismos del Estado están obligados a responder con pena de aplicación de sanciones por parte del Consejo de Transparencia).
También, y no menos importante, a través de la presión social visibilizando el problema, para educar a la sociedad al respecto con el propósito que asuma con conciencia social y unidad la protección del medioambiente, que constituye el sustento de nuestra vida y que, por costumbre, como raza humana muy poco valoramos”, concluyó Francisca Silva Muñoz, activista ambiental y abogada de la Unión Comunal Alonso de Ercilla de El Monte.
