La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la prórroga de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y de esta manera se flexibilizan los plazos y requisitos para la entrada en vigencia de esta normativa que exige una serie de hitos a cumplir por parte de los Comités de Agua Potable Rural (APR). Esta votación fue sumamente valorada por dirigentes de las comunidades rurales, quienes habían manifestado diversos problemas para cumplir con las exigencias de esta nueva legislación.
Tras la aprobación, la diputada e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, Camila Musante, enfatizó en la importancia de esta prórroga para que se puedan realizar las modificaciones necesarias y así entre en vigencia una nueva institucionalidad de gestión hídrica.
“Acabamos de aprobar la prórroga para la entrada en vigencia de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, lo que recoge una inquietud que nos plantearon muchísimas dirigencias sobre cómo se iba a implementar esta norma, sobre la nueva institucionalidad, el traspaso de recursos y las medidas efectivas para la capacitación y asistencia técnica de las y los dirigentes de las APR y futuros servicios sanitarios rurales”, sostuvo la representante de las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo.
En tanto, Carolina Carrasco, representante de la APR Santa Inés de Pataguilla, en la comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, expresó que “somos la segunda provincia con mayor daño producto del cambio climático, eso significa que nuestros pozos están agotados, que nuestras fuentes de agua escasean en la comunidad y que requerimos mayor apoyo, no solamente económico para infraestructura, sino que también respecto de esta ley para los dirigentes, para que exista hoy por parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios los profesionales que refuercen a los equipos de dirigentes, que trabajamos con cariño para nuestra comunidad, pero que necesitamos más que nunca acompañamiento”.
En la instancia también estuvo el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien comentó que “las comunidades requerían más tiempo para que como ministerio pudiéramos acompañarlos en el proceso, requerían mayores herramientas para poder hacer mejor su trabajo y hoy estamos cumpliendo un compromiso con las agrupaciones, que no solo se va a radicar en más tiempo para implementar la Ley, sino que para invertir en capacitaciones a las más de 2 mil agrupaciones de APR y fortalecer los equipos territoriales”.
Con la aprobación de esta prórroga se establecen nuevos plazos para esta normativa, que inicialmente entró en vigencia el 20 de noviembre. Ahora la implementación de esta Ley se hará de forma gradual, con acompañamiento del Estado hacia los dirigentes y reconociendo la realidad de las APR de cada territorio.
