Expulsan del sacerdocio a conocido clérigo de la Diócesis San José de Melipilla, tras ser hallado culpable de abusos sexuales contra menor

Varias reacciones entre la comunidad local e integrantes de la iglesia católica provocó la expulsión del sacerdocio del sacerdote de la Diócesis San José de Melipilla, Juan Carlos Pizarro (ex párroco Iglesia Chocalán), tras comprobarse culpabilidad en abusossexuales contra menor entre los años 2002 y 2004.
El Obispo de Melipilla, Mons. Cristián Contreras Villarroel, informó que Juan Carlos Pizarro fue dimitido del estado clerical tras comprobarse su culpabilidad en los abusos sexuales cometidos contra un menor.

En un comunicado emitido el 10 de agosto, el Obispado señaló que el 31 de julio de 2019 Mons. Contreras fue informado sobre los abusos sexuales cometidos por el ahora ex sacerdote. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2002 y 2004 cuando la víctima era menor de edad.

Dos días después, el Obispo delegó a una abogada iniciar la investigación previa que concluyó el 30 de agosto de ese año. Las actas y antecedentes se enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe,“competente” en “las materias de delitos contra el sexto mandamiento cometido en perjuicio de menores de edad”.

El 3 de enero de 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó iniciar un proceso penal administrativo. Este comenzó el 13 de febrero de 2020, “después de ubicar a canonistas competentes, diligentes y disponibles para llevar adelante el proceso”.

Debido a la pandemia y “la necesidad de entrevistar, cara a cara, a testigos cualificados”, el proceso penal administrativo concluyó el 19 de octubre de 2020.

Hacia el término de 2020 se envió la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe con el voto del Obispo de Melipilla, “aprobando la conclusión del juez y de los asesores canonistas, es decir, ‘se llegó a la certeza moral de la culpabilidad del mencionado sacerdote’ y que la pena era la dimisión del estado clerical”, precisó el comunicado.

La pena fue impuesta por el Papa Francisco el 5 de julio de 2021.

En el comunicado Mons. Contreras precisó que “la dispensa no es una gracia que exculpa al sacerdote. Es un mandato. No ejercerá nunca más el ministerio sacerdotal”.

El Obispo de Melipilla agregó que informará a la justicia civil “buscando salvaguardar el bien de las comunidades diocesanas y que el nombre de la persona vulnerada se mantenga en absoluta reserva. Él lo sabe”.

También explicó que está dispuesto a conversar con “todos los consejos parroquiales donde estuvo destinado el ex sacerdote, para ver el modo de ayudarnos en nuestra tarea evangelizadora y prevenir todo tipo de abusos”.

“Mi palabra es de solidaridad y cercanía con la persona dañada por el sacerdote. Agradezco a quienes han acudido a mí. Tenemos un Consejo de prevención de abusos, que lidera el P. Juan Pablo Miranda. Cuenta con la ayuda de personas de auténtica adhesión eclesial y son competentes: abogadas, asistentes sociales, catequistas, educadores, sacerdotes”, aseguró.

Además, Mons. Contreras expresó su “gratitud y reconocimiento a la calidad y entrega de los sacerdotes diocesanos que a diario cumplen con sus promesas realizadas delante de Dios y de la Iglesia desde su ordenación sacerdotal”.

“Pido a las familias, religiosas, diáconos permanentes, catequistas… cuiden a sus sacerdotes”, sostuvo.

Otra versión de los hechos
Otra versión de los hechos la dio a conocer Carlos Cabezas Jiménez, pbro.

Párroco Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Diócesis San José de Melipilla, quien a través de una declaración pública indicó lo siguiente:
Con dolor y estupor, quisiera manifestar los hechos que como receptor de la denuncia viví junto a la víctima y que se exponen con poca rigurosidad en el comunicado emitido ayer por el obispo de Melipilla, y publicado en los sitios de internet de este obispado y en Iglesia.cl.
1. Es alentador que la comunidad diocesana conozca la existencia del proceso canónico en contra del presbítero Juan Carlos Pizarro, pero lamento la forma en la cual éste fue conducido. He acompañado a la víctima durante estos dos años, en calidad de receptor de la denuncia, de acuerdo al protocolo vigente para estos casos. Acogí la denuncia, la presenté al obispo y la víctima firmó su declaración y he respetado su legítima opción de resguardar su identidad.
2. Expongo mi desconcierto, puesto que los tiempos manifestados en dicho comunicado fueron distintos a los vividos por la víctima, no calzando en lo declarado por el obispo. Tampoco las conclusiones del proceso. Cabe destacar que existió una pasividad de la institución, no ciñéndose a los protocolos, obligando al receptor de la denuncia a insistir en reiteradas ocasiones para obtener resultados. El Consejo de prevención de abusos de la diócesis nunca tomó parte en esta causa en estos dos años, puesto que, quien lo preside se inhabilitó argumentando que conocía previamente al afectado.
3. De acuerdo con la Declaración de los Obispos de Chile, de agosto de 2018, se afirmó la necesidad de que debe transparentarse el proceso con el fin de alcanzar el testimonio de posibles víctimas. Lo que en este caso no sucedió: el presbítero Pizarro permaneció en el oficio de párroco, después del cierre de la Investigación previa, hasta marzo de 2020.
4. Después de constatar que la investigación no seguía su curso, pedí personalmente al obispo la debida celeridad (30 octubre 2019). Al no obtenerla, decidí acudir a la Nunciatura Apostólica el 6 noviembre de 2019. Fue acogida la demanda de acelerar el proceso. Con lo cual, la Santa Sede instruyó al obispo que debía realizar el Proceso Penal Administrativo en la diócesis. El Proceso tuvo decreto de inicio en febrero, pero en la práctica solo se llevó a cabo semanas después en marzo. La pandemia retrasó las gestiones del proceso. De todos modos, causa perplejidad que no se adoptaran las medidas cautelares en contra del presbítero y no se haya restringido el ministerio sacerdotal.
5. La condena mayor vigente en la Iglesia para los casos de abusos sexuales en contra de menores de edad (delicta graviora) por parte de clérigos es la expulsión del estado clerical. Esa pena fue la señalada por el parecer unánime de los tres canonistas que revisaron el caso. Sin embargo, a pesar de haber llegado “a la certeza moral de la culpabilidad del mencionado sacerdote”, se utilizó la vía de la dispensa por sobre la eventual expulsión, como fue la dimisión del sacerdote acusado. La vía de la dispensa, si bien está permitida en el Derecho Canónico, es a todas luces injusta ante la gravedad de los hechos comprobados, mediante el debido juicio canónico.
6. Aún cuando la dispensa es legal en el ámbito canónico, no contribuye en lo absoluto a la serenidad que debe tener la víctima en vista a la reparación que corresponde. Sabemos que jamás alcanzaremos a sanar el daño perpetrado. Sin embargo, en conversación directa con la víctima, manifiesta que la conclusión de este caso no está en la línea de la reparación. La persona afectada ya ha interpuesto denuncia correspondiente ante la Fiscalía. No quiso hacerlo antes porque confió en la justicia eclesiástica.
7. Respecto de la prescriptibilidad de los delitos cometidos, como señala el comunicado, se ha de tener en consideración siempre que la moral nunca prescribe.
8. Lamento profundamente que ayer fuera la única ocasión en la cual el obispo se entrevistó con la víctima durante estos dos años. Así como también que la persona afectada debiera firmar el comunicado que se publicó por la tarde. Firmar el comunicado no está previsto en protocolo, y –según las palabras que me ha transmitido la víctima- la formulación de este comunicado no representa su completa percepción de los hechos.
9. Quisiera agradecer públicamente la confianza de la persona afectada. Siempre ha contado con mi compromiso por la verdad, la justicia y la misericordia que tengo hacia su persona, así como con mi solidaridad indeclinable. Además, quisiera señalar que poder acompañar este doloroso caso ha significado una experiencia de vida profundamente humana y cristiana.
10. Nuestra Iglesia tiene heridas: al taparlas se pudren, al ventilarlas se sanan. No podremos nunca dar vuelta la página si aún no ha sido del todo escrita. Llamo a la reflexión y a la compasión a mis hermanos bautizados de la diócesis. Quisiera comprometerlos a la reflexión y al diálogo. También a un compromiso con los que han sufrido los abusos sexuales por parte de ministros en la Iglesia. Duele el corazón al constatar que hay personas abusadas que no pueden amar ni rezar ni hablarle al Dios que amamos, sin dejar de revivir en su interior el drama vivido en la Iglesia.
Por último, todo cuanto he expuesto lo hago en conciencia frente a Dios. Y da paz que esto salga a la luz. Así como lo he expuesto el jueves pasado ante la presencia del obispo y los sacerdotes en la reunión de presbiterio en la Parroquia de Chocalán. Creo en Jesús, que es la verdad, y que nos invita a siempre confiar que la verdad nos hará libres.
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