La delgada línea de la pobreza reflejada en la enorme desigualdad en la distribución del ingreso, el acceso a servicios públicos de calidad (salud, vivienda, educación), ciudades extremadamente segregadas, salarios insuficientes, cesantía y pensiones miserables son parte de la dualidad existente hoy entre las 30 familias de la toma ilegal del sector de Esmeralda, Melipilla, y los propietarios del terreno de más de 10 hectáreas, quienes -independiente de haber iniciado el proceso legal para recuperar su herencia- indicaron estar preocupados por la situación de estas personas, debido a que la mayoría de ellas están sin trabajo, no tienen contrato laboral ni ahorros para postular a la casa propia.
Por este motivo, esta mañana ambas partes se reunieron con el Gobernador de Melipilla, Javier Ramírez, para dar a conocer sus puntos de vista sobre este bullado conflicto. En este sentido, Janis Barrios Catrileo, presidenta del futuro Comité de Allegados “Resistiré Sin Miedo” señala que primero se reunieron solos con la autoridad provincial, quien les manifestó no estar de acuerdo con esta toma ilegal, y luego llegó la dueña del predio, María José Sarmiento, con quien debatieron sus diferentes posturas.
Agrega que ahora el paso a seguir será intentar entrevistarse con el Alcalde de Melipilla, Iván Campos, quien lamentablemente “les ha cerrado las puertas”, pues las veces que han concurrido al municipio a solicitar una audiencia no lo ha recibido.
Por su parte, María José Sarmiento, en representación de su familia, indica que la situación de hoy fue bastante caótica, porque fue citada a las 10.00 horas con su abogada para participar de la audiencia y ésta se adelantó, pero luego fue subsanada, sin llegar a buen término, debido a que el Gobernador como autoridad no tiene la jurisprudencia para intervenir en el problema, el cual debe verse por la vía legal.
Indica que por lo mismo solo instó a las familias a reunirse con el Área Social, a fin de buscar alternativas de solución a la vivienda. Sin embargo, las familias no cuentan con contratos laborales para optar a un arriendo u otra propuesta que les favorezca.
En tanto, Alejandra Borguez, abogada representante de la Familia Sarmiento, señala que hay dos vías legales: un juicio precario por la inactividad de la Familia Sarmiento y, por otro, lado lo que se conoce como delito de usurpación. Lo primero es un proceso largo, costoso e implica un alzamiento con la fuerza pública. No obstante, sus representados no están de acuerdo con echar a los pobladores de su terreno.
Dice que la presentación civil puede demorar una semana, pero el penal puede tomar unos seis meses, significando grandes pérdidas para los propietarios de la parcela, quienes la tenían arrendada al momento de producirse la toma ilegal el pasado 14 de febrero del presente año.
A modo de consejo, la profesional agrega que lamentablemente no hay un vestigio legal para tratar este tema, por lo que recomienda a los dueños de propiedades que no los abandonen, siempre tengan a una persona de confianza que se encargue de cuidarlos, mantenerlos cerrados y en óptimas condiciones.
Cabe mencionar que las sanciones en este tipo de casos están directamente relacionadas con el nivel de violencia utilizado por las personas al realizar la toma del inmueble. El Art. 457 del Código Penal indica que en caso de que una propiedad sea tomada violentamente, además de los daños ocasionados, se aplica una multa de entre 11 UTM y 20 UTM. No obstante, en caso de que el inmueble haya sido ocupado de manera pacífica, las multas pueden ser de entre 6 UTM y 10 UTM
